Como quiera que se lo observe, la instauración de la Asamblea Nacional para el período 2016-2021 es un hecho histórico en nuestro país. Para algunos, porque es la primera vez en 16 años de un desarrollado autoritarismo, que la oposición tiene el control del parlamento; para otros, porque es la primera vez que alguna fracción parlamentaria obtiene la mayoría calificada (absoluta) en competencia con todos los demás partidos desde que es Asamblea Nacional; y para los más sarcásticos, porque quien tiene aspiraciones de llegar al 2021 con cierto poder es la oposición y no Chávez. En todo caso, que cada quien le otorgue la importancia histórica que mejor le parezca hasta que el tiempo de su veredicto.

En lo que quiero enfocar mis líneas no es en la descripción del acto en sí, sino a lo que él representa. Si pensamos que somos republicanos y que esto es un república, la Asamblea Nacional (el parlamento) debería ser la institución más importante para la conducción política del país, aspecto del cual se derivan todas las consideraciones instrumentales para desarrollar una sociedad: la económica, la social, la jurídica, entre otras.

Por tal motivo, la economía no es la única prioridad en el esfuerzo de reconstrucción del país. Si bien las condiciones de vida que nos mantienen en un estado de supervivencia exigen su atención inmediata, sólo la política nos podrá sacar de este sima en el que el chavismo nos metió como nación. La elección del orden político en el cual queremos vivir, le dará sentido a las acciones que se tomen en materia económica y jurídica, evitando contradicciones y suprimiendo algún deseo electoral de hacer felices a las masas cuando ellas reclaman una acción benéfica a corto plazo, pero contraproducente en el mediano y largo plazo.

Ciertamente existe en el imaginario colectivo una animadversión por lo político y por la política; rechazo que incluso se ve reflejado en el discurso de algunos líderes de oposición que ejercen cargos de elección popular. El reto es devolverle a lo político su importancia, sin pretender que seamos griegos, y a la política su relevancia, sin pretender que seamos romanos. Si queremos ser una república, debemos ser conscientes que su expansión y su sostenibilidad parten del respeto a la autoridad (Tito Livio, 753 a.C.; Historia de Roma), pero ¿a cuál autoridad? A la autoridad establecida como consecuencia del orden político deseado y reflejado en la Constitución y las leyes.

En Venezuela, los demócratas hemos recuperado los espacios de la Asamblea Nacional; ya no hay fotos de Chávez privatizando un espacio plural y secuestrando la simbología patria; tampoco está el déspota que cercenó  el derecho a la información de los ciudadanos sobre los asuntos que ocurren en el hemiciclo. Ahora, además de los símbolos patrios, están los medios de comunicación y con el tiempo esperamos que el acceso al ciudadano interesado en oír el debate político que tiene lugar dentro del Palacio Legislativo, pueda ser como en la segunda mitad del siglo pasado.

Pero aparte de esos pequeños logros ¿podemos afirmar que Venezuela recuperó la Asamblea Nacional? Eso estará por verse en los próximos días, en la medida que se ejerza la autoridad que justifica dicha institución y se debatan los asuntos políticos que orienten el destino del país, pues no sólo se trata de que los parlamentarios aprueben leyes, sino también que debatan los diversos puntos de vista que fortalecen lo político y dan sentido a la política a través de esas leyes.

Aún nos falta por recorrer un trecho largo de camino empedrado, por eso la importancia del debate sobre el orden político que queremos y del cual se derivan las definiciones que amalgaman acuerdos y que evitan caer en los chantajes -de orden sangriento- que siempre esgrime el chavismo ante un futuro que le es adverso.

Es el momento de las definiciones y de las acciones políticas correctas, o nos separamos ahora del caudillismo chavista y de las prácticas autocráticas, populistas, violentas y corruptas o estamos condenados a hacer un remake de algunas de esas prácticas con caudillos diferentes.

Por ahora podemos decir que recuperamos los espacios y vamos encaminados a recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Sin embargo, para afirmar que Venezuela recuperó definitivamente la Asamblea Nacional, tenemos que evidenciar en ella el ejercicio correcto de sus funciones y atribuciones, que nos ayuden a eliminar las prácticas corruptas en la administración pública, los manejos de influencias para privilegiar a las élites en detrimento de la sociedad, la opacidad en los asuntos públicos y las acciones populistas que tanto han desangrado al país desde la primera hasta la quinta república.