El momento histórico por el que pasa Venezuela no puede ser más apremiante. La crisis no sólo está recortando los espacios de maniobra política y económica de los actores, sino también está encareciendo los errores que éstos puedan cometer. Incluso, en algunos casos, puede que reduzca la ganancia de las victorias, al menos, así pareciera a corto plazo. Faltando apenas 4 días para la “Toma de Caracas”, quiero dejar algunas reflexiones sobre las expectativas no cumplidas que se han venido acumulando desde el 6 de diciembre de 2015, como parte de la conducción de la oposición en la lucha política en Venezuela.

Empecemos desde el inicio del año 2015, cuando la lucha política se enfocó en las elecciones parlamentarias como el hito que iniciaría el cambio en nuestro país. Si bien la sociedad estaba dividida a causa de la desigualdad de las oportunidades para cada contendor en esa elección, existía un consenso: si las elecciones se realizaban, había que ir a votar.

Fueron muchas las críticas que recibió la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en torno a la aceptación de las condiciones impuestas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para participar en los comicios de diciembre. La sociedad opositora mostraba divisiones: por un lado estaban los que apoyaban las acciones de la MUD y, por el otro, los que la criticaban. El intercambio en las redes sociales fue intenso.

Sin embargo, la MUD logró articular en torno a la elección parlamentaria la esperanza de un cambio. En su discurso, la dirigencia política incluyó la liberación de los presos políticos, el control político del Ejecutivo y de sus ministros, la instrumentación de leyes para mejorar la situación lamentable del país y la remoción de magistrados que fueron elegidos al margen de la normativa vinculante, entre otras acciones. De esta forma, se logró reducir el ruido de los ciudadanos opositores en contra de la MUD para las elecciones parlamentarias.

La necesidad del cambio político se palpaba a cada instante. En agosto del año 2015, el Instituto Venezolano de Análisis de Datos (IVAD) publicó una encuesta en donde el 92,9% de los venezolanos percibían las elecciones parlamentarias como un acontecimiento importante para el rumbo del país, más aún cuando el 76,7% mostraba poca o ninguna confianza en que Nicolás Maduro pudiera resolver los problemas que golpeaban a la sociedad. Ante esas cifras, no cabía duda que la oposición venezolana iba a ganar en número de votos las elecciones; sin embargo, para esa fecha, aún no estaba claro si era posible que la oposición ganara la mayoría simple de la Asamblea Nacional (recordemos que el CNE cambió la representatividad de los circuitos para favorecer al PSUV en las elecciones parlamentarias de 2010).

En cada oportunidad que tenían los dirigentes y candidatos políticos de oposición de comunicarse con sus electores, vinculaban la solución de los problemas del país con la posible victoria en las elecciones parlamentarias. Desde el problema de la distribución de los alimentos hasta la liberación de los presos políticos: todo pasaba por ganar la Asamblea Nacional. Y así fue, contra todo pronóstico la oposición se hizo con más de las 2/3 partes de los curules del parlamento. No sólo eran mayoría, sino que eran mayoría calificada. La constancia, la disciplina y la unión permitió que la MUD recogiera los frutos de su victoria y los diputados electos de la oposición sus curules en lo que parecía ser una nueva Asamblea Nacional. Sin embargo, no todo se desarrolló según lo esperado por la MUD.

Pese a todas las declaraciones y argumentos esgrimidos por la nueva directiva de la Asamblea Nacional, con base en la actuación institucional que le otorga la Constitución y las leyes, sobre la incorporación o no de los 3 diputados del estado de Amazonas, el oficialismo a través del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) logró torcerle el brazo a la oposición y llevarla nuevamente a su terreno: el de la reversión del discurso, la utilización de las leyes a conveniencia y el sometimiento de toda iniciativa que busque restablecer la república y la democracia a través de instituciones de Estado secuestradas por el régimen.

Ese evento no sólo dejó al estado Amazonas sin representación parlamentaria, rompiendo con ello la mayoría calificada de la oposición en la Asamblea Nacional, sino que también evidenció la línea de actuación de la nueva Asamblea Nacional: evitar una confrontación Institucional. Como era de esperar, el oficialismo aprovechó esa línea y anuló todas las leyes proclamadas por la Asamblea Nacional: Ley de amnistía y reconciliación nacional, Ley de bono de alimentación y medicamentos para jubilados y pensionados, Ley de otorgamiento de títulos de propiedad a beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela y la Ley de reforma del Decreto Nº 2.179 que reforma parcialmente la ley del Banco Central de Venezuela. El control parlamentario sobre los ministerios tampoco se desarrolló, puesto que la mayoría de los ministros no atendió las convocatorias del parlamento.

Hoy, no tenemos leyes que hagan más llevadera la cotidianidad del ciudadano, no tenemos libertad para los presos políticos, no tenemos control del Ejecutivo que sigue endeudando el futuro de la nación, no tenemos alimentos y no tenemos medicinas; y sin embargo, tenemos una Asamblea Nacional y unos líderes de oposición que gozan de una buena reputación dentro de la sociedad.

En diciembre de 2015, la sociedad dejó claro cómo prefiere salir de esta crisis: de la manera más pacífica y democrática posible. Sin embargo, los tiempos sociales cronometrados en términos del hambre, la enfermedad y la inseguridad reducen drásticamente la tolerancia a las actuaciones políticas con tiempos medidos en meses, semestres o, incluso, años. Al menos así parecen demostrarlo las 4.169 protestas -registradas por el Observarorio Venezolano de Conflictividad Social-, que se desarrollaron en Venezuela en los últimos 7 meses, en paralelo a la gestión de la Asamblea Nacional.

Si le permiten escoger a la sociedad venezolana, ésta prefiere salir pacíficamente de esta oscura etapa política, económica y social; así lo demostró cuando nuevamente la dirigencia opositora le planteó otra alternativa para salir del régimen: firmar por el referendo revocatorio en el año 2016. Las jornadas de recolección y validación de firmas fueron un éxito. Éxito por cierto, atribuible a la dirigencia opositora en torno a la MUD.

Cada vez que la dirigencia opositora necesita de las personas, ellas responden. La primera vez votaron, la segunda vez se comprometieron y firmaron, incluso sorteando los obstáculos que el CNE les impuso; y ahora, aguantando individualmente la persecución política a la que son sometidos los funcionarios públicos que firmaron por el revocatorio presidencial, incluso algunos llegando a ser despedidos de sus cargos, sin que la dirigencia opositora asumiera una defensa activa de esos casos.

En lo particular reconozco los aciertos que ha tenido la MUD, el asunto es que considero que esas victorias se han diluido por la actuación política de la dirigencia opositora posterior a ellas. No destituir a los magistrados elegidos de manera incorrecta por la saliente directiva del parlamento; no incorporar a los diputados de Amazonas; dejar a su suerte a los funcionarios públicos que sufren persecución fascista por parte de algunos funcionarios del régimen; que los diputados hagan campaña electoral como si fueran precandidatos a las elecciones regionales cuando aún no se han consolidado sus actuaciones en la AN; que algunos dirigentes de oposición permitan la posibilidad de que el referendo revocatorio se haga en el año 2017 y, por último, convocar una manifestación pacífica con el objetivo político de demostrarle a Venezuela y al mundo que somos mayoría, son desaciertos cuyo costo social y político lo pagan los ciudadanos y las familias que se ven resquebrajadas por la falta de alimentos, de medicinas y de futuro para sus integrantes, algunos ya parte de la diáspora venezolana.

Pareciera que la tolerancia a los tiempos políticos que propone la MUD está cambiando. La aceptación cada vez más frecuente del verbo encendido, directo y confrontativo de Ramos Allup parece enviar un mensaje que presiento la dirigencia opositora en torno a la MUD no está entendiendo bien. La gente está obstinada, desesperada y con mucha rabia acumulada que se potencia con cada arbitrariedad del régimen y que dudo, pueda contenerse con un mitin político al final de una jornada de protesta pacífica si la gente percibe que eso terminará como la elección de la Asamblea Nacional o como el firmazo por el revocatorio presidencial de este año.

Cada día se puede observar a más personas cuestionando la actuación de la MUD, pese al esfuerzo sistemático de analistas políticos y formadores de opinión pública con simpatía o con relaciones directas con la mesa. Los momentos que se viven demandarán de los dirigentes de oposición acciones concretas y contundentes que acompañen al verbo “exigir”, pues ya no será suficiente utilizarlo como un recurso retórico, sino que deberá materializarse en una conducta coherente y observable, que se gane el respeto de sus seguidores.

El 1 de septiembre puede ser una caja de Pandora, que de abrirse, señalará indiscutiblemente el rumbo del país, el perfil del político que se necesita para conducirlo y evidenciará quien estaba nadando desnudo mientras la marea estaba alta. Ese día y los días posteriores, pueden significar un cambio del objetivo político de la sociedad: Renuncia en vez de Referendo Revocarorio…